PROTESTARÁN DE LOS 'ABUSOS' ANTE LA UE
Más de 1.800 afectados crean una plataforma contra los derribos de Costas en la Comunidad
§ Consideran que las actuaciones de Medio Ambiente vulneran derechos civiles
Actualizado martes 08/01/2008 08:45 (CET)
C.T.
VALENCIA.- Después de la severa aplicación de la nueva Ley de Costas en la Comunidad Valenciana, donde se prevé la demolición de varios centenares de edificios en la línea litoral, parecía lógico que fuera en Valencia donde surgiera una plataforma a nivel nacional que se opusiera a los derribos del Ministerio de Medio Ambiente.
Ocurrió ayer en El Saler, donde cerca de una docena de colectivos, en representación de más de 2.000 afectados (1.800 de la Comunidad Valenciana), se reunieron para constituir una organización con el fin de combatir los «desmanes» y «abusos» de la Dirección General de Costas.
Un abogado especialista en deslindes, José Ortega, ejerció de anfitrión para unir a los afectados e incluso presentó un informe en el que, a su juicio, se revelan las numerosas irregularidades que se cometen en los expedientes del departamento de Medio Ambiente.
«He redactado un documento con casos de toda España en el que queda claro los criterios abusivos y arbitrarios empleados por Costas para justificar los derribos. Vamos a enviar el informe a todas las instituciones, a todos los partidos políticos, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Defensor del Pueblo y confiamos en que se sumen más colectivos a nuestra plataforma», explicó ayer Ortega al término del encuentro, que se prolongó durante varias horas.
Entre los casos de aplicaciones «dudosas» que destacó el representante de la nueva organización se encuentran El Saler, Arenales del Sol en Elche, playa Lisa en Santa Pola, la Albufereta en Alicante o las playas de les Deveses y la Almadrava de Dénia. En todos ellos incidió en que la ley se aplica con retroactividad pese a que con ello se vulneran derechos fundamentales: «Estamos ante situaciones esperpénticas.
En Arenales del Sol, por ejemplo, se construyó una urbanización entera con 19 torres de apartamentos que aglutinan 800 viviendas en una zona que la antigua Ley de Costas no consideraba dominio público marítimo terrestre. Pero ahora, con la nueva norma, se establece que las construcciones sí están en dominio público y, por tanto, se prevé su demolición. No tiene sentido porque se construyó conforme a la ley», argumentó.
Arbitrariedad de criterios
Otro de los argumentos de los afectados es la diferenciación de criterios a la hora de aplicar la ley de Costas. Ortega indicó que casos paralelos no tienen la misma consideración por parte de la Dirección General de Costas. «En unas ocasiones se actúa de una manera y en otras, absolutamente diferente, cuando la ley es la misma para todos. Se permite Marina D'Or y no otras pequeñas construcciones. No es racional», dijo.
Ortega manifestó que Costas también vulnera el derecho de los propietarios a una concesión administrativa al considerar un edificio de dominio público. «La ley fija que si se establece como dominio público una construcción se debe conceder una concesión por 30 años y eso no se está reconociendo si no se acude a un pleito a pesar de que ya hay jurisprudencia del Constitucional», insistió. Es más, según el abogado, Costas se plantea incluso rescatar las concesiones que ya se han otorgado porque se trata de un uso del dominio público ilegal.
Pero la creación de la plataforma y el envío del documento a las instituciones son un paso previo al fin último de la reunión de ayer. Y es que los afectados pretenden llevar el asunto a Europa y a las embajadas para que su reivindicación cobre más fuerza. «No creo que las instituciones de aquí reacciones si no es por presiones externas. Por eso hemos decidido acudir a Bruselas y a una campaña mediática en Europa para dar a conocer la arbitrariedad de la Dirección General de Costas en cuanto a los deslindes y al grave quebranto que supone su actuación contra los derechos cívicos», culminó Ortega.
Hoy mismo los miembros de la plataforma tienen previsto el envío del informe sobre las actuaciones de la demarcación de Costas en cuanto a las expropiaciones a todas las instituciones y a los partidos políticos. Aunque será más adelante cuando se acuda a Europa para poner en manos de la UE el conflicto con la administración, tal y como confirmó ayer a este periódico el portavoz de la organización, José Ortega.
La asociación ha realizado un estudio sobre las costas españolas que ha sido entregado a la diputada por Tenerife, Flora Marrero quien ha declarado que "es imprescindible que el Gobierno central reúna a las administraciones canarias para informarles antes de realizar cualquier derribo”
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| CC se reúne con representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas |
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El presidente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel González, y la diputada por Tenerife, Flora Marrero, mantuvieron este miércoles, 16 de enero, una reunión con representantes de la Plataforma Nacional por la Ley de Costas para conocer un estudio que han elaborado sobre la costa española.
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| POR Raquel Herrero • 17 de enero de 2008 |
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La diputada nacionalista, Flora Marrero ha expresado su intención de estudiar la documentación aportada por la Plataforma Nacional por la Ley de Costas para buscar posibles soluciones. En este sentido Marrero, ha declarado que “independientemente de lo que contenga el estudio, es imprescindible que el Gobierno central cambie su proceder y que antes de realizar cualquier derribo reúna a las administraciones canarias para informarles”, ha dicho. Flora Marrero ha declarado que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona “ya ha dado muestras de no cumplir sus compromisos, puesto que ya ha tomado decisiones sin contar con la comisión”, ha asegurado la diputada nacionalista. Algo a lo que según Marrero ya se había comprometido a hacer en el Senado y por lo que ha pedido más colaboración al Ministerio. |
Afectados por la Ley de Costas se unen contra posibles derribos
EL PAÍS - Valencia - 09/01/2008
Afectados por la Ley de Costas, aprobada en 1988, han decidido unirse para protestar contra la aplicación de una norma que deja fuera de ordenación sus propiedades a pie de playa y que puede acabar con sus casas bajo la piqueta. El Ministerio de Medio Ambiente ha dado esta legislatura un impulso al proceso de deslinde del dominio marítimo-terrestre, que implica fijar una franja de protección de la zona litoral pegada a las playas, donde en más de un municipio se ha construido antes y después de aprobarse la ley. Las edificaciones que quedan en dominio público deben derribarse o tramitar una concesión de uso de un máximo de 60 años si son anteriores a la ley y se construyeron legalmente.
Los afectados, tanto de casos que se arrastran en los tribunales desde hace años -cientos de apartamentos en la playa de Arenales del Sol de Elche- como de expedientes recientes -el hotel Sidi Saler de Valencia y la cercana urbanización La Casbah- se reunieron el lunes en torno a su abogado y especialista en asuntos de deslinde, José Ortega, para formar una plataforma contra esta aplicación de la Ley de Costas. La consideran "abusiva" y esperan abrir un debate público sobre la norma con informes al Gobierno, los partidos y el Defensor del Pueblo. También estudian denunciar la ley ante la Unión Europea.
oRDENACIÓN TERRITORIAL
La aplicación de la Ley de Costas prevista por el Gobierno obligará a derribar hoteles y 1.500 viviendas
Dos mil afectados de toda España se constituyen en una plataforma para denunciar las "arbitrariedades" del Ministerio de Medio Ambiente en los nuevos deslindes del litoral
J. SANCHIS
VALENCIA
Los afectados por los nuevos deslindes marítimo-terrestres que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente en toda España se constituyeron ayer en Valencia en una plataforma nacional para protestar por la "arbitrariedad" con la que está actuando el departamento de Cristina Narbona.
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas agrupa a unas 2.000 propietarios de toda España, de los que 1.800 proceden de la Comunitat Valenciana. La alicantina Carmen del Amo fue nombrada coordinadora de la entidad.
El asesor jurídico de la asociación, José Ortega, indicó que el primer paso de la plataforma será remitir un informe, elaborado por el jurista, a todas las instituciones (desde el propio Ministerio hasta el Consell pasando por el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges) en el que denuncian "los desmanes" que, en su opinión, está cometiendo el Gobierno.
Y es que, según el informe, la aplicación de los nuevos deslindes marítimo-terrestre supondrá el derribo de al menos 1.500 viviendas, algunas urbanizaciones completas y el hotel Sidi Saler, entre otros, sólo en la Comunitat Valenciana.
El problema radica, según Ortega, en que la definición del dominio marítimo-terrestre que contempla la Ley de Costas "es ambigua". La delimitación de la parte del litoral propiedad del Estado se basa en criterios como el alcance máximo del agua tras un temporal o ser una zona rodeada de arena.
"Lo más grave es que el Ministerio de Medio Ambiente está aplicando la ley de forma retroactiva, en contra de lo que recoge la Constitución", explicó Ortega. Para el letrado, el Gobierno ha empezado a tramitar expedientes para apropiarse de, aprovechando la ambigüedad de la legislación, "construcciones totalmente legales que se levantaron mucho antes que la aprobación de la normativa y con los permisos en regla".
Ante lo que considera una actuación "ilegal y arbitraria", la plataforma, si no consigue una respuesta del Gobierno, presentará una queja contra el Reino de España ante la Unión Europea.
La nueva asociación también denuncia que el Ministerio no está ofreciendo compensaciones económicas por los terrenos que expropia, sino que únicamente se plantea pagar el valor de la edificación, "y hasta ahora no lo está haciendo", según apuntó Ortega.
El letrado indicó que la Ley de Costas ofrece, por otro lado, la posibilidad de que el Gobierno otorgue una concesión administrativa a los establecimientos afectados por el deslinde, "pero el Ministerio no sólo no está dispuesto a hacerlo, sino que piensa rescatarlas todas".
Los casos
El Ministerio de Medio Ambiente ha dado durante los últimos cuatro años un fuerte impulso a la finalización del deslinde marítimo-terrestre en el litoral español. El objetivo de la actuación es definir el espacio del litoral propiedad del Estado.
José Ortega explicó que el Hotel Sidi Saler será derribado si se aplica el nuevo deslinde aprobado por la Dirección General de Costas. La parcela sobre la que se alza la instalación fue comprada por la sociedad alemana que regenta la instalación en una subasta en la que se establecía que sobre el terreno se debía construir un hotel de cuatro estrellas.
Ahora, el nuevo deslinde obligará a derribar el hotel, pese a haber sido construido en 1974 cumpliendo un deseo del Estado. El representante de la empresa y miembro de la nueva plataforma, Manfred Stier, explicó que no han sido escuchados.
Tanto Stier como José Ortega llamaron la atención sobre el deslinde que el Ministerio ha aplicado en el tramo Camino de la Rambla hasta la Gola de Pujol. Explicaron que no es lineal, sino que protege edificaciones aisladas, "creando islas de forma arbitraria". Además, resaltaron que, aunque pertenece a otro tramo, protege los terrenos del parador Luis Vives, pese a que está más cerca del mar.
Ortega añadió que el director general de Costas, José Fernández, le indicó que no cabía la posibilidad de pedir concesiones. Para el letrado, "así se obliga a los propietarios a ir a los tribunales con un proceso que puede durar años".
En la misma situación se encuentra la urbanización de la Casbah, junto al hotel. Guillermo, uno de los propietarios, denunció que el Ministerio apenas les ha dado tiempo para estudiar la documentación. "Sólo nos dio 10 días para alegar contra un estudio geomorfológico", resaltó. Explicó que se había unido a la plataforma "para defender nuestras propiedades".
Ortega añadió que las familias que han comprado recientemente una propiedad en la urbanización "pueden estar dentro de unos años endeudados por más de un millón de euros sin disponer de su vivienda, ya que será derribada".
Costas ya ha actuado en la playa de L'Almardà de Sagunto, en la que ha derribado un restaurante que se remonta a 1860. En la playa de Arenales del Sol (Elche), 19 torres con 800 viviendas, construidas con todos los permisos, están afectadas por un deslinde que conlleva su derribo.
El encauzamiento del Júcar ha originado una situación similar a la de Nules en el Brosquil de Cullera, que afecta a unas 25 viviendas. Otras 70 edificaciones están amenazadas en las playas de Santa Pola. El derribo también se cierne sobre unas 100 viviendas en las playas Deveses y Almadrava de Dénia.
jsanchis@lasprovincias.es
Dos mil valencianos se unen para llevar ante Bruselas su protesta contra la Ley de Costas
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Comunitat Valenciana
Unos dos mil propietarios de edificaciones costeras en la Comunitat Valenciana sobre las que se cierne una posible demolición en aplicación de la Ley de Costas, se han unido para denunciar ante Bruselas los "abusos" de la norma. Afectados de Nules, Dénia, Elx, Santa Pola, Almardà -en Sagunt- o el Saler forman parte de la plataforma que se acaba de constituir. Los propietarios aseguran que la demolición dejaría "en la ruina" a miles de familias, que no recibirían "compensación alguna".
Carlos Alós, Valencia
Unos dos mil valencianos están dispuestos a hacer frente a la pretensión del Gobierno de demoler las edificaciones costeras situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre. Para ello se han unido en una plataforma que pretende llevar hasta el Parlamento Europeo sus quejas contra la ley de Costas española.
Denuncian que el Gobierno realiza una aplicación "abusiva" y que la norma se aplica con carácter retroactivo a edificaciones que eran legales antes de la promulgación de la ley, en 1988.
El portavoz de la asociación, el abogado José Ortega, aseguró ayer que En Europa "esto supone un escándalo mayúsculo". El año pasado, el Gobierno inició la demolición de construcciones ilegales en la costa para liberar de cemento amplias zonas del litoral. Por ello, representantes de unos dos mil afectados de toda la Comunitat se reunieron ayer en el hotel Sidi Saler para estudiar las medidas que llevarán a cabo en los próximos meses en defensa de sus intereses.
El portavoz del colectivo, que agrupa a ciudadanos de toda España pero que está sustentado mayoritariamente por valencianos, sostiene que el ministerio que dirige Cristina Narbona ha dado "un giro brusco en los criterios de aplicación de la ley" que puede abocar a la demolición a decenas de edificaciones sin que sus propietarios "reciban indemnización alguna por ello".
La asociación, que presidirá Carmen del Amo, representante de la urbanización l'Albufereta de Alicante, ya tiene preparado un informe en el que recoge los "abusos" en la aplicación de la ley y que remitirán al Parlamento Europeo para que Bruselas "promueva una queja contra el Gobierno de España", afirma Ortega, quien considera ilegal aplicar la ley con efecto retroactivo "a viviendas y propiedades que fueron adquiridas legalmente y que están inscritas en el registro de la propiedad", remarca.
Antes lo enviarán al Gobierno, partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo, el CGPJ o el Síndic de Greuges. La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, como se denomina, denuncia que los propietarios "están inermes ante una aplicación retroactiva de la ley", que el Gobierno niega. Además, pretenden abrir un debate ya que consideran que si se aplicara de forma estricta la ley en todo el litoral "tendrían que derribarse zonas enteras de Piles, Bellreguard u Oliva, por poner tres ejemplos".
Para informarse sobre la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas www.costasmaritimas.com
